El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado un cambio importante que impactará a miles de trabajadores extranjeros en Estados Unidos. A partir del 30 de octubre de 2025, ya no se otorgarán extensiones automáticas de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD).

Con esta medida, el DHS busca reforzar la seguridad nacional y la verificación de antecedentes, asegurando que cada renovación de permiso se apruebe solo después de una revisión exhaustiva.

El director del USCIS, Joseph Edlow, explicó que este ajuste elimina políticas anteriores que priorizaban la rapidez sobre la seguridad. “Trabajar en los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”, señaló, subrayando la importancia de los controles migratorios y de seguridad.

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🔍 ¿Qué implica esta nueva regla del DHS?

Hasta ahora, quienes solicitaban renovar su EAD podían seguir trabajando mientras esperaban la aprobación gracias a las extensiones automáticas. A partir de octubre de 2025, eso ya no será posible.

Las únicas excepciones aplicarán para ciertos casos cubiertos por el Estatus de Protección Temporal (TPS) o cuando una notificación especial lo indique en el Registro Federal.

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📅 Recomendaciones del USCIS

El USCIS aconseja presentar las solicitudes de renovación de EAD hasta 180 días antes de que expire el documento actual. Quienes no lo hagan a tiempo podrían enfrentar una interrupción temporal en su autorización laboral y perder su capacidad para trabajar legalmente durante ese período.

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🧾 ¿Quiénes no se verán afectados?

Los permisos que ya hayan sido extendidos automáticamente antes del 30 de octubre de 2025 no estarán sujetos a esta nueva regla.

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⚖️ Impacto general

Esta decisión representa un endurecimiento de las políticas migratorias orientado a reforzar la seguridad y reducir el fraude. Sin embargo, también supone un desafío adicional para quienes dependen del EAD para trabajar en Estados Unidos, ya que deberán planificar con más cuidado sus renovaciones.

El cambio reafirma la postura del gobierno: el empleo autorizado para extranjeros no es permanente, sino que debe renovarse con base en la ley y tras una verificación completa.

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🖥️ Más información:

Visita el sitio oficial del USCIS para conocer los pasos actualizados para renovar tu autorización de empleo y las categorías elegibles.

21 de septiembre de 2025 – La muerte de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA y figura central del conservadurismo norteamericano, ocurrió el pasado 10 de septiembre durante un acto en la Utah Valley University, donde fue asesinado en medio de la actividad pública. Su partida no solo conmocionó a quienes compartían su causa, sino que abrió un espacio de reflexión sobre los riesgos que acarrea la confrontación ideológica cuando el debate político pierde su cauce.

Kirk había construido su trayectoria como un activista polémico, un orador carismático y un organizador juvenil que convirtió la política en bandera para miles de estudiantes y simpatizantes. Su estilo directo y provocador le ganó tanto seguidores apasionados como críticos férreos. Su asesinato refleja el grado de tensión al que puede llegar una sociedad cuando las diferencias políticas dejan de resolverse con ideas y se transforman en violencia.

Este escenario nos recuerda de inmediato al contexto venezolano. En nuestro país, la confrontación política hace años dejó de ser solo verbal: se ha criminalizado la crítica, se han perseguido voces opositoras y se ha instalado un clima donde expresarse libremente acarrea riesgos reales. Lo que hoy conmueve en Estados Unidos por la muerte de un activista, en Venezuela se vive desde hace tiempo bajo otra forma: con exilios forzados, censura de medios y encarcelamiento de líderes y ciudadanos que se atrevieron a disentir.

La tragedia de Kirk nos enseña que el libre discurso político es frágil y que, cuando se deteriora, las consecuencias son graves. En Estados Unidos, su muerte plantea la necesidad de reflexionar sobre cómo proteger el debate sin que se convierta en violencia. Para los venezolanos, es un recordatorio de lo que significa perder esas garantías: un país donde hablar libremente se convierte en una causa de miedo.

El juez federal Edward Chen en San Francisco bloqueó la decisión de terminar el TPS para más de 1 millón de personas de Haití y Venezuela. Esto significa que 600,000 venezolanos cuyos permisos habían vencido en abril o estaban por expirar el 10 de septiembre pueden seguir viviendo y trabajando legalmente en EE. UU.

El juez consideró que las acciones del Departamento de Seguridad Nacional fueron arbitrarias y fuera de su autoridad. De esta manera tu estatus TPS sigue vigente.
Aún habrá procesos legales, pero esta decisión evita la cancelación inmediata. En BMP ayudaremos a mantener sus documentos al día para garantizar su seguridad. fuente https://apnews.com/article/immigration-haiti-venezuela-judge-trump-administration-8519e669dada7e678531f21180cf8def

El pasado 21 de agosto de 2025, el Noveno Circuito de Apelaciones del Gobierno de Estados Unidos autorizó la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 60,000 personas procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta decisión revierte un amparo judicial previo que mantenía vigente dicha protección.

Se concluyó:

• Para Nepaleses, el TPS ya caducó el 5 de agosto de 2025.
• Para Hondureños y Nicaragüenses, la protección expirará el 8 de septiembre de 2025, a menos que se obtenga otro estatus migratorio.

Organizaciones defensoras alertan sobre el impacto humanitario de esta medida y destacan que muchas de las personas afectadas han formado parte activa y productiva de nuestras comunidades durante décadas. La decisión genera preocupación por su bienestar y estabilidad.

En BMP continuaremos informando con responsabilidad y sensibilidad.
-PRENSA BMP

Fuente: Trump administration for now can end deportation protections for thousands from Honduras, Nepal and Nicaragua, court says – CBS News

La jueza federal Jia Cobb, de Washington D.C., bloqueó este primero de Agosto de 2025 una política clave de la administración Trump, que buscaba acelerar las deportaciones de migrantes admitidos legalmente bajo parole humanitario. Esta decisión representa una victoria importante para cientos de miles de personas provenientes de países como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.

Cobb dictaminó que los esfuerzos del gobierno para arrestar a migrantes luego de sus audiencias y deportarlos de forma expedita violan principios fundamentales del debido proceso legal. El Parole Humanitario permitió que más de 500.000 inmigrantes ingresaran a los Estados Unidos de forma legal, aunque no tuviesen una visa formal.

Así se prohibió al gobierno aplicar remoción expedita (expedited removal) a personas que:

• Entraron legalmente por un puerto de entrada con parole humanitario.
• Asistieron puntualmente a sus audiencias en la corte de inmigración.
• No tienen antecedentes de violaciones migratorias ni penales.

Este procedimiento de remoción rápida permitía deportar a personas sin una audiencia completa, a menos que demostraran un temor creíble de persecución, tal como se verían en los recientes arrestos por parte de ICE justo al terminar audiencias migratorias, incluso a personas que no tenían orden de deportación.

Esta decisión no es una solución permanente, pero ofrece un alivio significativo para quienes han cumplido con todos los requisitos legales.

Fuente: Judge blocks expedited deportations of those who entered the U.S. legally, possibly curtailing ICE courthouse arrests – CBS News

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció un importante ajuste en los costos de varios trámites migratorios, en cumplimiento con la Ley H.R. 1, también conocida como la “One Big Beautiful Bill”. La medida fue publicada en el Registro Federal y tendrá un impacto directo en solicitudes como asilo, permisos de trabajo y TPS.

A partir del 22 de julio de 2025, cualquier solicitud enviada deberá incluir estos nuevos pagos adicionales, que no sustituyen a las tarifas ya existentes, sino que se cobrarán aparte. Además, estas nuevas tarifas no podrán ser exoneradas ni reducidas, lo que representa un cambio significativo para quienes solicitan estos beneficios migratorios.

Finalmente:

La solicitud de asilo (Formulario I-589) ahora incluye un pago inicial obligatorio de $100.

Mientras la petición esté en proceso, se deberá pagar una tarifa anual de $100 por cada año que permanezca pendiente.

Los permisos de trabajo solicitados por personas bajo asilo o TPS tendrán un costo de $550 en solicitudes nuevas.

Las renovaciones de esos permisos costarán $275 adicionales.

El trámite para registrarse por primera vez al TPS ahora tendrá un costo de $500, en lugar de los $50 anteriores.

¿Y si ya presenté mi solicitud?

Si usted presento el Formulario I-589 después del 1 de octubre de 2024, y su caso sigue pendiente tras un año, deberá comenzar a pagar la tarifa anual a partir del aniversario de la fecha de envío. No te preocupes: USCIS enviará una notificación personalizada con los detalles del pago, el plazo para hacerlo y qué ocurrirá si no se cancela a tiempo.

Este ajuste forma parte de una estrategia general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para recaudar fondos adicionales y cubrir los costos del sistema migratorio. Aunque no afecta a todos los trámites, sí representa un cambio fuerte para miles de solicitantes que ya se encuentran dentro del país en espera de una resolución. Fuente: USCIS Updates Fees Based on H.R. 1 | USCIS

La Corte Suprema de Estados Unidos ha permitido al gobierno reanudar deportaciones aceleradas de migrantes a terceros países, incluso cuando los afectados no tienen vínculos con esas naciones. El caso se centró en ocho migrantes que enfrentaban deportación a Sudán del Sur, a pesar de que solo uno de ellos era ciudadano de ese país. Los demás, provenientes de otros lugares, alegaban que serían puestos en peligro extremo si eran enviados allí.

El fallo fue aprobado por mayoría conservadora (6-3), mientras que la división —firmada por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— advirtió sobre graves consecuencias humanitarias, donde la jueza Sotomayor se expresa:

“La mayoría recompensa la ilegalidad del Gobierno. Esa elección sanciona la exposición de personas a la tortura o la muerte sin una oportunidad significativa de argumentar lo contrario”.

Mientras que la opinión de La Casa Blanca afirma que la medida será un respaldo a la seguridad pública, y que “las deportaciones son parte fundamental del cumplimiento de la ley migratoria”.

Evidentemente esto ha exaltado a las organizaciones de derechos humanos, quienes advierten que esta esta decisión abre la puerta a expulsiones arbitrarias y podría dejar a miles de personas sin garantías básicas de protección internacional.

–PRENSA BMP

📌 Fuente: US supreme court clears way for Trump to deport migrants to countries not their own | US immigration | The Guardian

En Washington, 27 de junio de 2025, una decisión de alto impacto fue tomada por la Corte Suprema de EE.UU. Fallando 6-3 a favor del presidente Donald Trump, se restringe temporalmente la facultad de los tribunales federales para bloquear políticas nacionales mientras se evalúa su legalidad. El caso está vinculado a un decreto de Trump que busca poner fin a la ciudadanía por nacimiento, aunque el fallo no resuelve aún si esa orden es constitucional.

La decisión implica que futuras demandas contra políticas presidenciales podrían enfrentar obstáculos más difíciles, lo que representa una victoria significativa para el expresidente y sus propuestas migratorias. Trump celebró el resultado desde la Casa Blanca como una “gran decisión”.

La jueza Sonia Sotomayor advirtió que este fallo “abre la puerta para que el Ejecutivo aplique políticas inconstitucionales sin control inmediato”. La magistrada Ketanji Brown Jackson fue aún más dura, afirmando que esta doctrina podría poner en riesgo el equilibrio del sistema democrático.

A pesar de la decisión, aún quedan vías legales. Grupos civiles y fiscales estatales ya están presentando demandas colectivas para bloquear la orden desde los tribunales inferiores, solicitando medidas de emergencia que protejan a quienes podrían verse afectados, como los hijos de mujeres embarazadas migrantes.

Se espera que el tema vuelva a ser debatido en la Corte Suprema en octubre, lo que podría definir el futuro del derecho a la ciudadanía por nacimiento en EE.UU.

–PRENSA BMP

📌 Fuente: Supreme Court sides with Trump administration on nationwide injunctions in birthright citizenship case – SCOTUSblog

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“Las personas que han recibido el TPS solicitarán el proceso de asilo. Y creo que muchas de ellas, si no la mayoría, tendrán solicitudes de asilo muy creíbles”,
fueron palabras del secretario de Estado Marco Rubio luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos interviniera en el caso legal que afecta a miles de venezolanos protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Todo esto ocurre porque el gobierno actual decidió cancelar la extensión del TPS que estaba prevista hasta octubre de 2026, que había sido aprobada por la administración anterior para seguir protegiendo a los venezolanos que llegaron huyendo de la crisis en su país.

El juez Edward Chen en California bloqueó temporalmente esa cancelación en marzo de 2025, permitiendo que los documentos como permisos de trabajo y estatus migratorio siguieran siendo válidos. Pero el 19 de mayo, la Corte Suprema dice que esa decisión del juez quedaba suspendida por ahora, mientras se solventa una apelación y se decide si el caso será revisado de forma definitiva.

En pocas palabras:
La Corte Suprema no ha eliminado el TPS ni ha dicho que esté a favor de hacerlo.
Solo permitió que el gobierno continúe con su plan de cancelar la extensión hasta 2026 mientras se sigue peleando el caso en tribunales.

Ante este panorama incierto, Marco Rubio aseguró que muchas de las personas afectadas podrían tener la opción de pedir asilo político, y que en muchos casos esas solicitudes serían “creíbles y justificadas”.

Por ahora, la protección del TPS sigue en pie, pero está en juego, y el futuro de miles de venezolanos en EE. UU. dependerá de lo que decidan los tribunales en los próximos meses.

FUENTE

Supreme Court allows Trump to cancel protected status for Venezuelans for now – The Washington Post