Desde el 21 de enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos ha puesto en marcha la “Operación Safeguard”, una iniciativa liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que busca detener y expulsar rápidamente a inmigrantes indocumentados, especialmente en ciudades santuario que limitan su cooperación con las autoridades federales de inmigración.Wikipedia, la enciclopedia libre+1El País+1
La operación se centra en áreas metropolitanas como Washington D.C., Filadelfia, Los Ángeles, Denver y Chicago. Según informes, los arrestos iniciales se enfocan en más de 300 personas con antecedentes de crímenes violentos y graves. Sin embargo, defensores de los derechos de los inmigrantes temen que la medida pueda extenderse a individuos sin antecedentes penales, aumentando la vulnerabilidad de comunidades enteras.Wikipedia, la enciclopedia libre
La planificación de la Operación Safeguard fue coordinada por agentes de campo del ICE en Chicago a finales de 2024, operando bajo la dirección de la oficina de transición del presidente Trump y, según se informa, sin la supervisión directa de la administración saliente. Esta acción ha generado críticas sobre la transparencia y legalidad de las operaciones de inmigración actuales.Wikipedia, la enciclopedia libre
Líderes comunitarios y organizaciones pro-inmigrantes han instado a los residentes de estas ciudades a conocer sus derechos y estar preparados para posibles encuentros con agentes de inmigración. Se han organizado talleres y distribuido materiales informativos para educar a la población sobre cómo responder durante las redadas y qué recursos legales están disponibles.
La implementación de la Operación Safeguard refleja la postura firme de la administración Trump respecto a la inmigración ilegal y su intención de reforzar la seguridad fronteriza y el cumplimiento de las leyes migratorias. No obstante, esta estrategia ha avivado el debate sobre los derechos de los inmigrantes, el papel de las ciudades santuario y el equilibrio entre la seguridad nacional y las libertades civiles.
A medida que la operación avanza, se espera un aumento en las tensiones entre el gobierno federal y las jurisdicciones locales que han adoptado políticas de protección hacia los inmigrantes indocumentados. La comunidad internacional y diversos organismos de derechos humanos continúan monitoreando de cerca el desarrollo de estas acciones y sus consecuencias en la población migrante en Estados Unidos.
