El gobierno de Donald Trump ha propuesto que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tenga acceso a las cuentas de redes sociales de los migrantes que solicitan asilo, residencia permanente o naturalización. Esta medida, argumentada en nombre de la seguridad nacional, busca evaluar la idoneidad de los solicitantes basándose en sus publicaciones en línea.
Sin embargo, esta iniciativa ha generado un intenso debate. Críticos sostienen que viola la libertad de expresión garantizada por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y podría conducir a represalias contra aquellos que expresen opiniones desfavorables hacia el gobierno. Además, se han establecido comparaciones con tácticas utilizadas por regímenes autoritarios, como China y Rusia, donde la vigilancia de las actividades en línea es común.
Por otro lado, defensores de la propuesta consideran que es esencial para garantizar la seguridad del país y prevenir posibles amenazas. Argumentan que las redes sociales pueden revelar conexiones o intenciones que podrían pasar desapercibidas en entrevistas tradicionales
La implementación de esta medida aún está en discusión, y se espera que enfrente desafíos legales significativos antes de su posible aplicación.
